Compromiso programático

El subsecretario de la cartera -Lic. Jorge Vázquez- reconoció en una entrevista concedida al programa Intercambio de M24, que el año 2016 cerraría con mayor gente procesada por la Justicia que el 2015. Una muestra del trabajo policial con que se encara la frontal lucha contra la delincuencia cumpliendo un programa de gobierno puesto a consideración de la ciudadanía y que constituye la hoja de ruta del gobierno electo. Sus dichos fueron malinterpretados por un periodista que arrobó en las redes a la cartera y al medio en cuestión acompañando un concepto: “quién te ha visto y quién te ve”, en clara alusión a lo que consideró una contradicción para una fuerza popular que se “jactaba” de mandar gente presa. Ni una cosa ni la otra, un Gobierno asume todas sus obligaciones cuando llega al ejercicio de su mandato y entre ellas está el combate franco a la delincuencia. No entender eso sería, además de ingenuo, irresponsable para quien fue puesto por el soberano para ejercer la autoridad en todos sus ámbitos.

Interpretación ultra petita

El posteo causó sorpresa, ninguno podía entender cuál era el punto discutido de la crítica en 140 caracteres. No porque no se acepten críticas sino porque en realidad no se la entendía bien ni siquiera por donde venía la misma. Pocos minutos bastaron para entrar en contacto y salir de toda duda con el discrepante, quien hizo ver lo que a su entender era una flagrante contradicción. 

Contradicción que fundamentaba en lo que a su parecer era una afirmación -la de Vázquez- que iba a contracorriente con lo que entendía debía ser la conducción de una cartera por parte de alguien de izquierda. Seguramente el crítico no atinó a comprender que no se trata de ideología lo que está en juego sino de gestionar la seguridad de los uruguayos y que la delincuencia común no tiene ideología y si la tiene, poco interesa a quien está mandatado por la ley para combatirle.

Los delincuentes son eso, delincuentes, esa condición basta de sobra para que la Policía actúe, reprima y someta a la Justicia a sus autores, sin importar la condición social ni lo que piensa o vota. Lo que importa es restaurar el orden, reparar el daño -si se puede- y sancionar al responsable.

Existe una porción de la población que piensa como aquel crítico de las redes, y lo hacen desde una ingenua concepción que atribuye exclusivamente a causas sociales el origen de la delincuencia y reclama soluciones también sociales para hacerle frente. Algo que puede parecer correcto en los papeles o en el diagnóstico, pero que no alcanza para comprender todo el problema y, mucho menos, para darle solución definitiva o más o menos duradera.

Las políticas sociales por sí solas no bastan para dar respuesta cabal al problema de la inseguridad, más allá que sean la carencia o ausencia de estas las causas principales de la desestructuración social que explica en gran medida la existencia de bolsones criminales que hoy son protagonistas de la inseguridad. No obstante, ese diagnóstico se queda corto a la hora de poder dar una acabada visión del problema y llegar a conclusiones que brinden respuestas efectivas para su tratamiento. Entonces, si eso solo no alcanza -aunque sean necesarias- es imperioso complementar con otras acciones para poder ser realmente efectivos a la hora de encarar la problemática de la inseguridad.

La represión del delito es la respuesta inmediata que se debe dar sea cual sea el diagnóstico; la autoridad no puede dejar de gestionar el presente, el mientras tanto. Es imperioso administrar ese tiempo porque esa es la función de la autoridad de turno. Entonces, mal puede enunciarse algún concepto como el que motivara esta columna por cuanto hacerlo es desconocer la función principal de una fuerza policial que debe asegurar la pacífica convivencia de los ciudadanos y a la que se le otorga el ejercicio legítimo de la fuerza para asegurarlo.

No se trata de enviar personas a la cárcel sin más, se trata de combatir la delincuencia y en ese punto no es un tema de ideologías sino de sentido común. Cuando un partido asume responsabilidades de gobierno, sea cual sea su ideología debe gestionar y resolver las situaciones que se generen sin importar otra cosa que recomponer la armonía social rota por el accionar criminal. No se trata de otra cosa que cumplir con el mandato constitucional que impone como una de sus funciones la policial, un instrumento que asegure la paz pública y el libre ejercicio de los derechos ciudadanos a la población.

Cuando el Frente Amplio se postuló para ser Gobierno asumió que tendría a su cargo todas las funciones ejecutivas, entre las cuales la cartera del Ministerio del Interior sería una de ellas. Por lo tanto, sabía que tendría que administrar la Policía Nacional y que lo haría con la responsabilidad que ello implica.

A la delincuencia se la combate frontalmente sin perjuicio de encarar el tema con la globalidad que merece por cuanto también hace parte a la seguridad el tratamiento que reciba quien ingresa al sistema penitenciario, quien debe salir rehabilitado del mismo. Esa es una función principal a contemplar, la de cortar con el posgrado delictivo que fomentaban las cárceles uruguayas anteriormente.

Meterlos preso sí, pero para que reciban el tratamiento y cumplan la progresividad necesaria que los recupere y devuelva útiles a la sociedad a la que un día lastimaron.

el hombre borraba el tweet,

el perro ladraba al pajárito azul...