La renuncia indeclinable

Fuente: deractivo.blogspot.com

El renunciante Comisionado Parlamentario, Dr. Alvaro Garcé, es objeto de debate por estos días respecto a su  “renuncia indeclinable”; acto de retiro voluntario de la función pública que ejercía hasta hace pocos días En tanto y cuanto el referido es -(o era)- un funcionario público, su desvinculación está sujeta a un estatuto diferente al de cualquier empleado del ámbito privado. Es que cabría interpretar que Garcé está en uso de licencia hasta tanto el órgano que lo designó (Parlamento) le acepte esa “indeclinable” y repentina voluntad de abandonar el cargo. Ergo: en el apuro o en el error, estaría impedido de toda actividad política. Complicada situación la que atraviesa el licenciado Comisionado, quien por estas horas intenta aclarar -cada vez que puede- su situación, con lo cual legitima las dudas que nos planteamos muchos...

A las apuradas

La campaña electoral marca los ritmos políticos al punto que apura decisiones que ponen en riesgo situaciones personales como las que atraviesa el Comisionado Parlamentario cuya condición de “ex” está siendo objeto de duda y controversia. Es que no es lo mismo renunciar a la función pública siendo un cargo de particular confianza designado por el Presidente o un Ministro, (como sucedió con Azucena Arbeleche, por citar un caso autóctono de filas nacionalistas), que otro donde quien designó es un órgano colectivo que se manifiesta a través de sesiones también colectivas, donde se necesita un quórum para sesionar y emitir una decisión formalmente válida.

Ocurre que los funcionarios públicos, cuando ingresan a la función, se someten a un estatuto especial, tal el caso del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario.

La renuncia en la función pública no es un acto unilateral del interesado, sino que está sometida a la condición de que quien lo nombró acepte la misma. Recién configurada esa instancia se configura la renuncia (renuncia + aceptación).

Quien nombró al Comisionado Parlamentario fue la Asamblea General y es a esta a la que le compete aceptar la renuncia y -en consecuencia- cesar el vínculo estatutario con el funcionario renunciante.

Ese es, precisamente, el caso del cargo Comisionado Parlamentario, porque hasta tanto “la Asamblea General no acepte la renuncia, Alvaro Garcé sigue siendo el comisionado parlamentario” - como consignó La República en su edición del miércoles 15 de octubre, citando expresiones del constitucionalista José Korzeniak.

Para un caso similar, la Constitución resuelve el tema con “la sola presentación de la renuncia”, es el caso de los directores de entes o servicios descentralizados. En cambio la Ley 17.684, en su artículo 17 literal B) solo dice renuncia, sin hacer mención expresa a la frase constitucional que no da lugar a equívoco ("la sola renuncia"). Por tanto, es dable pensar como lo hace Korzeniak y complementarlo con la situación específica de un cargo designado por un órgano (Poder Legislativo) que debe responder a este para formalizarse. 

Entonces, y pensando con sentido lógico, si para asumir debió primar la decisión del cuerpo legislativo en régimen de Asamblea General, y no se hizo efectiva la designación hasta tanto ello no ocurrió, es lógico pensar que para su desvinculación deba operar el mismo procedimiento. Es decir, hasta tanto el cuerpo legislativo en igual régimen (Asamblea General) se reúna y acepte la renuncia, la misma no opera formalmente y el funcionario estaría en un régimen de licencia. Dicho de otro modo, no basta la decisión unilateral para dar por válido un acto condición como este en el que es necesaria la confirmación con la aceptación de quien lo designó en el cargo.

Entonces, de ser correcta esta interpretación el (aún) Comisionado Parlamentario está impedido de hacer manifestaciones políticas, borrando con su actitud todo lo que hizo durante estos años en que desempeñó su función con la anuencia de todos los partidos políticos con representación parlamentaria que le dieron su voto de confianza al designarlo.

El apuro por entrar en la campaña, la tentación por hacer de la carrera política su medio de vida, la jugada de incorporar a un “indiscutido” (¿?), le jugaron una mala pasada. Encima se abusa del intento pretendiendo un debate con el ministro Bonomi, acto para el cual -primero- debiera dilucidarse plenamente su situación a riesgo de no caer, el propio Bonomi, en responsabilidad subsidiaria al aceptar debatir con quien está impedido de hacer política por su investidura (puesta en duda por todo lo expresado). Bonomi solo podría debatir sobre temas carcelarios entonces, para evitarle consecuencias al desafiante.

Además resultaría un debate inexplicable para muchos, porque durante cuatro años estuvo -el retador  Garcé- en consonancia con la gestión de Bonomi, apoyándola y contribuyendo en forma permanente; montar un debate para la campaña, sería una puesta en escena poco creíble.

Bonomi viene debatiendo con la oposición desde los inicios mismos de su gestión. A poco de comenzar y, a pesar del acuerdo multipartidario alcanzado, se desmarcaron para pegarle de forma permanente. En esos tiempos, Alvaro Garcé era un aliado suyo y compartió cada una de las medidas adoptadas. ¿Cómo se explicaría un debate  con esos antecedentes?

Son tiempos electorales y se produce este tipo de movidas que procuran rédito político que se traduzca en votos, sin importar el método. ¿Todo vale en el juego del poder? Creemos que no, y por lo tanto no habrá debate con Garcé. Es demasiado serio el tema como para inventar o forzar desencuentros donde no los hubo.

Mientras todo esto acontece, la licencia continúa y un Comisionado Parlamentario espera que su renuncia le sea aceptada aunque siga creyendo que la misma fue indeclinable y con ello bastaba... o no.

el hombre quería debate,
el perro prefería la licencia...