No eran simples cajitas de fósforos, ni servilletas, monedas, sellos o llaveros. Los objetos “agrupados en conjuntos” eran armas y municiones que estaban en flagrante contravención con las disposiciones que regulan la actividad de los coleccionistas (Dec. 17/987 y Circular 13/E/96). Al procedimiento -surgido por denuncia personal realizada contra uno de los mayores coleccionistas de Uruguay y de América, según se afirma- se le podrán hacer muchas críticas, pero todas se chocan con la opinión de quienes lo presenciaron siendo ajenos al mismo (como es el caso del Coordinador de los Servicios de Inteligencia del Estado, Gral. (R) José Bonilla).
Armas vivas y 130 mil municiones
El pasado viernes 16 de mayo estuvo bastante convulsionado por la noticia. En una finca del barrio de Carrasco se desplegaba un vasto operativo policial y la incógnita se instaló de inmediato ante el despliegue. Luego pudo saberse que una denuncia personal dirigida contra el dueño de la finca lo implicaba como poseedor irregular de un caudal importante de armas en clara contravención con las disposiciones que rigen la materia.
Rápidamente la noticia colmó las redes sociales y los portales informativos, y aquel despliegue fue dando muestras reales de ser justificado ante el volumen de aquel arsenal resguardado por quien se lo conocería como uno de los mayores (sino el mayor) coleccionista de armas del país y del continente, según afirmaron algunos entendidos del tema.
Cualquiera sea la razón de tamaña acumulación, nada lo deja a salvo de no cumplir con las disposiciones reglamentarias que rigen la actividad, y más aún si con ella pone en riesgo a la población lindante con la finca que -a estar por lo incautado- era un verdadero polvorín.
Cabe destacar que las acciones policiales respondían a una orden judicial de allanamiento ante denuncia presentada por alguien “del entorno familiar” del dueño de casa. Luego surgieron voces contrarias al procedimiento destacando la honorabilidad del coleccionista, olvidando que no es cuestión de honor sino de cumplir con las normas dispuestas para los mismos. Normas que no fueron impuestas por este gobierno ni el anterior, sino que datan del año 1987 con una reglamentación posterior del año 1996 (ambos gobiernos del entonces Presidente Sanguinetti).
Lo concreto es que en principio se habló de unas dos mil armas, de las que terminaron siendo la mitad finalmente las incautadas. Es que las otras mil responden a armas antiguas que quedan fuera de la reglamentación y están claramente fuera de servicio, algo que no ocurre con las retenidas por la Policía.
Las preguntas surgen de inmediato: ¿qué razón existe para que alguien que se sabe coleccionista, tenga armas con su poder de fuego intacto y no respete las mínimas reglas impuestas para la exhibición de las mismas? ¿Acaso puede alegar desconocimiento de esas disposiciones quien acumula semejante arsenal? ¿Cómo llega a hacerse de esas armas? ¿El Servicio de Material y Armamento (SMA), controla que los coleccionistas cumplan con las disposiciones reglamentarias? Y muchas otras más que tendrán que responderse, no ya para encontrar un culpable sino para garantizar la seguridad de quienes pudieron verse afectados por esta falta de controles en una actividad que parece tener muchos adeptos, y a los que habrá que controlar según afirmó el Gral. (R) José Bonilla.
Es claro que el tener esas armas en forma irregular hoy no configura delito, pero sí una falta administrativa, ya que un coleccionista debe proceder a quitar un elemento sustancial del arma para inutilizarla, guardando el mismo junto con las municiones en otro lugar diferente a donde la exhibe. Esto, que es regla principal, no se cumplió en la instancia y aunque se diga lo contrario o se intente afirmar algo distinto, las propias armas incautadas son prueba irrefutable de la transgresión a dicha disposición. Eran armas con su poder de fuego intacto, y además con las municiones en el mismo lugar donde estaba el arma.
Pensemos tan solo por un instante, que esas armas pudieran llegar a manos de un grupo organizado para el crimen. Se hubiera provisto de un arsenal completo, y de alto poder de fuego.
Por otra parte de las 1.000 armas incautadas solo un 30% contaba con la documentación correspondiente (que en estos momentos se coteja para comprobar fehacientemente dicha condición), mientras que el resto no tenían documentación de referencia. Cómo llegaron esas armas al coleccionista será otra de las preguntas que deberá responderse, para demostrar el origen de las mismas.
Parece ser que el coleccionar armas tiene muchos adeptos en el país, incluso algunos de alto rango como el Presidente de la Suprema Corte que estuvo presente en el lugar mientras se procedía al allanamiento. Visita que llamó la atención por el rango del visitante y la oportunidad de la misma, sumando otra particularidad al caso.
En el Parlamento está pendiente la sanción de una ley de tenencia responsable de armas y muchos están diciendo que estas acciones son una pantalla espectacular para que los legisladores voten finalmente la norma. Si así ocurre, no habrá sido otra cosa que el sentido común lo que terminó definiendo una instancia que hace rato debiera estar resuelta en el país. La tenencia de forma responsable de un arma de fuego es ineludible para poder construir una sociedad que haga de la vida y la convivencia su principal razón de ser y se bajen los altos índices de violencia que hoy se padecen. En todos los casos exitosos, los referidos índices bajaron con medidas al respecto, promoviendo el desarme civil y la tenencia responsable, no fomentando el descontrol ni el incremento de armas.
Viene siendo hora que tengamos una ley que regule el tema y quien quiera y pueda tener un arma lo haga responsablemente. Viene siendo hora que nos hagamos cargo y estas colecciones peligrosas, se rijan por la ley como corresponde.
el hombre armaba la vitrina,
el perro mordisqueaba unos cartuchos...
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