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viernes, 11 de febrero de 2011

Manijazos en el Prado


Días pasados un turno casi completo de una seccional policial decidió cesar sus funciones (dejaron de recibir denuncias y tampoco realizaban patrullaje), en desacuerdo por los recientes aumentos salariales percibidos. Paradójicamente reclamaban menos de lo que realmente se les incrementó a partir de la aplicación de los reajustes dispuestos por la Ley de Presupuesto Nacional.

Algo tan ilógico como inexplicable por cuanto al hecho insólito de su plataforma reivindicativa “de menos” (por citar a Galería), le sumaron el agravante de dejar sin seguridad a una populosa barriada con todo lo que ello implica. Tamaña irresponsabilidad mereció una inmediata respuesta por parte de un Ministerio del Interior que obtuvo la información de lo que acontecía, por vía indirecta.

En efecto, fue un canal de televisión el que advirtió la circunstancia en forma por demás responsable ya que lejos de hacer valer la situación con carácter de primicia, advirtió a la autoridad de gobierno a efectos de restaurar lo que se había suspendido por la irresponsabilidad de funcionarios que suspendieron un servicio esencial como la seguridad pública en un barrio de Montevideo.

Imaginemos por un instante la situación que –reiteramos no ocurrió- se hubiera dado si en lugar de informar sobre los hechos se hubiera divulgado la noticia de un barrio sin servicio de seguridad pública porque la Seccional correspondiente paralizó el mismo. Esa noticia significaba una patente de corso para la delincuencia que tendría como novedad la existencia de una zona liberada, sumiendo en la indefensión a la ciudadanía que vive en su jurisdicción. Un hecho a todas luces reprochable y condenable que mereció un accionar directo y duro por parte de las autoridades que no están dispuestas a poner en riesgo a la ciudadanía bajo ningún precio.

Pero el colmo de todo esto fue lo insólito del reclamo que pretendió dar fundamento a los hechos. Una proclama que reivindicaba –entre otros puntos- un aumento inferior al que efectivamente se otorgó. Una cosa de locos por donde se lo mire.

Claro que el personal policial que recepcionó el mensaje estaba condicionado para hacerlo, y seguramente ello pese al tiempo de definir responsabilidades. El funcionario policial tiene la desventaja de muchos años de atraso salarial (situación que se revierte a partir del anterior gobierno y se incrementa en este), que le llevaron a un desequilibrio en la economía familiar. Hoy, muchos policías, son deudores de las cooperativas de crédito o tienen retenciones judiciales que socavan su salario (que preserva el 30% mínimo indisponible por disposición legal). En ese estado, cualquier aumento –por bueno que sea- se diluye, y poco aporta para solucionar un problema endémico a quien lo recibe. Claro está que en ese caso hay que distinguir muy bien que no tienen responsabilidad las autoridades, que cumplieron la palabra empeñada, tal cual confirma la amplia mayoría del personal policial que disfruta del importante incremento.

La “manija” –que es lo único que explica una actitud de estas- tuvo en estos funcionarios un público ideal y a pedir de boca, por cuanto pretendía ser un disparador para sumar más adeptos a la irresponsable movida. Funcionarios que tienen sus ingresos topeados por retenciones y créditos, a pesar del aumento, sufren la impotencia de no salir del pozo en que se haya enterrada su economía. Situación que manejaron muy bien los ideólogos del fallido intento.

Se dijo -en forma incorrecta- que no se compensaron las 50 horas por Servicio 222 disminuidas por la ley de presupuesto. Falso por donde se lo mire. El incremento promedio otorgado supera ampliamente dicha cifra (50 x $53= $ 2.650, el aumento promedio ronda los $ 4.350). El tema pasa por descifrar quien pierde ingresos efectivamente y seguramente podamos hacernos un panorama situacional que eche luz al respecto.

El tope de horas por Servicio 222 que existía era de 200 horas por cada funcionario, sin embargo se detectaron situaciones que superaban ampliamente dicha cifra. A partir de enero –ley de presupuesto vigente mediante- el tope pasó a ser de 150 para todos (incluyendo a aquellos nuevos ingresos que solo podían hacer 120 y que ahora pueden incrementar 30 horas más). 150 horas parejas para todos, este año. Quienes realizaban o controlaban más de esa cantidad, son quienes realmente ven afectados sus ingresos. Aquellos que efectivamente hacían 200, son compensados por las mismas con un incremento mayor al que perdieron y ganando en calidad de vida trabajando menos. Pero quienes hacían más de 200 (muchas pero muchas más), son los grandes “perdedores” de esta decisión que pretende recomponer un sistema pervertido por este tipo de prácticas.

O fue por ignorancia o fue por intención, pero sea cual fuere la razón, prendió en un colectivo de funcionarios, (acorralados por las cuentas), que no supieron o no quisieron ver la realidad (eso lo dirá el resultado de los sumarios en curso).

Lo concreto y real es que la sociedad uruguaya ha hecho un esfuerzo sustantivo para volcar recursos para mejorar los ingresos de la Policía, pero ese esfuerzo no es gratuito sino que debe devolverse con resultados. Las autoridades políticas están comprometidas a llevarlo adelante y requieren reciprocidad a la hora de la ejecución de las políticas de seguridad.

Es un tiempo histórico que debemos aprovechar. Nos merecemos un mejor lugar para vivir y en eso estamos comprometidos todos.


el hombre disfrutaba de más horas en su casa,
el perro... de más huesos